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17/12/2017

EL ESTADO: Concepto y Funciones

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Harold Laski, en su Grammar of Politicsdefine al Estado como “una corporación de servicio público”,1 en el sentido de hacer realidad la pluralidad política organizada corporativamente como “ética de Estado”, para lograr una máxima eficiencia en la administración pública.  Otras definiciones más amplias del Estado lo identifican como una estructura con soberanía sobre un territorio en particular. Esta estructura cuenta con normas establecidas a través de un conjunto de instituciones y organismos que ejerce el poder de manera legítima, permanente y jerarquizada.

Legítima, porque es producto de una convención constituyente que cimente el pacto social y porque sus funciones tienen sentido en la utilidad pública o el bien común, ejercidas con autoridad legal y potestad para regular la sociedad de conformidad con el mandato de sus ciudadanos. Permanente, porque a diferencia de los gobiernos, el Estado de derecho tiene una vocación de permanencia para aportar estabilidad a la vida nacional. Y jerarquizada, porque a diferencia de la sociedad civil, las entidades inferiores del Estado se deben a las superiores dentro de una estructura que respete el principio de subsidiariedad. Solamente están al mismo nivel los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, orientados por medios directos o indirectos por el mandato de los ciudadanos. La separación y el equilibrio de estos poderes del Estado son extensivos a todos los niveles de la sociedad.

En nuestro concepto básico de Estado, su existencia se reconoce por cinco elementos esenciales:

1.     población;
2.     territorio;
3.     autoridad y monopolio de la fuerza legal;
4.     control de la hacienda pública; y,
5.     ejercicio de la soberanía por mandato de sus ciudadanos. 

El Estado así reconocido es el hogar de la sociedad que acoge y protege. Su estructura debe fundarse en los cimientos de la ley y el orden, en un cuerpo político robusto, pluripartidista y respetuoso de los derechos y libertades de los ciudadanos, y en un programa encaminado a fomentar el bienestar de sus ciudadanos con justicia y equidad.

Por tanto, los principales objetivos del Estado son:

a)    mantener la ley y el orden;

b)    promover la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos y residentes a cuyo servicio está y a los que debe protección; y,

c)     administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato expreso de sus ciudadanos.

En El Hombre y el Estado, Jacques Maritain afirma que: “La función concreta del Estado –su función principal– es velar por el orden legal y la aplicación de la ley. Pero el Estado no es la ley”,2 porque, según añade en otro segmento de su obra, “el Estado no es más que un órgano habilitado para hacer uso del poder y la coerción y compuesto de expertos o especialistas en el orden y el bienestar públicos; es un instrumento al servicio del hombre”.3  Es decir, al servicio de sus ciudadanos, reconociendo la primacía en el orden social de la persona humana. Cualquier violación de ese orden social colocaría a la persona al servicio del Estado, lo cual sería una perversión política.

Lo que le da sentido y razón de ser al Estado es la primacía del bien común como principio ordenador de la sociedad. La sociedad civil inviste al Estado con el cargo de promotor y gestor del bien común, para cuyo desempeño lo dota del deber y del derecho de intervenir en la vida social. El Estado es garante de la justicia social, por la promoción y participación populares, para que las personas se integren en los diversos cuerpos intermedios que la representan y sirvan de interlocutores suyos ante el Estado. El Estado, según Maritain, es “una parte especializada en los intereses del todo”.4

Estos parámetros definen al Estado como la entidad que regula los intereses del todo social y que funciona mediante una estructura de gobierno para administrar ordenadamente los mandatos de sus ciudadanos. Si ese mecanismo político pone al ciudadano al servicio del Estado se convierte en una aberración de abuso de poder, mientras que cualquier grado avanzado de anarquía lo convierte, por el contrario, en una entidad fallida.

El Estado es una entidad legal al servicio de sus ciudadanos y no una “persona moral”, porque está supeditado a los intereses del todo sin sacrificar los derechos del individuo o de una parte minoritaria con el pretexto de justificar decisiones que supuestamente beneficien a una “causa mayor”. La autoridad de un Estado legítimo no habilita a sus instituciones para tomar decisiones con el pretexto de que el fin justifica los medios. La soberanía del Estado es legítima en tanto comprenda y coordine la voluntad soberana de sus ciudadanos, administrada por un gobierno elegido democráticamente y obligado a rendir cuentas a sus ciudadanos.   Los medios utilizados por el Estado legítimo están siempre limitados por los derechos y las libertades fundamentales inherentes a todos y cada uno de sus ciudadanos.

Hay estructuras de gobierno que son aberrantes cuando subvierten la primacía de la persona humana. Estas aberraciones dictatoriales, absolutistas o totalitarias hacen que el Estado sea ilegítimo como instrumento de poder manejado por un segmento hegemónico de la sociedad, un partido político o un dictador. Por tanto, sin llegar a la anarquía, los poderes del Estado deben estar siempre sometidos a las decisiones y mandatos de sus ciudadanos.

El concepto sobre la legitimidad del Estado se remonta a Aristóteles. Un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar los principios básicos que lo sustentan. Un gobierno puede ser ilegítimo por los métodos de obtener el poder y perpetuarse, o porque viola los principios básicos que siguen vigentes en el Estado que administra, pero la Estructura del Estado sigue siendo legítima mientras no se rechacen o anulen esos principios y se adulteren sus funciones, convirtiéndolo en un vehículo de poder totalitario o absolutista. En tiempos modernos, al Estado legítimo se le denomina también Estado de derecho. En este sentido, la legitimidad del Estado cristaliza con el respeto por la soberanía popular como garante de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y poseen los mismos derechos y obligaciones.

Bajo estos parámetros, el elemento indispensable del Estado legítimo consiste en el reconocimiento de la dignidad humana, que en tiempos modernos ha quedado codificado en diversos instrumentos que integran el derecho internacional universalmente reconocido, en los que se exige el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas. Para que esos instrumentos tengan valor y trascendencia, la fuente última de esos derechos y libertades no puede subyacer en la mera voluntad de ciertos individuos, en el poder coercitivo del Estado o en las decisiones públicas de gobierno, sino en la dignidad intrínseca del ser humano, que es inviolable y no puede depender de mecanismos mayoritarios o agentes de poder. Estos derechos y libertades ratificados en instrumentos internacionales universalmente reconocidos deben ser siempre la base fundamental de las disposiciones constitucionales que le dan coherencia a un Estado legítimo.

Para que esas condiciones fundamentales sean posibles, el Estado tiene que ser gobernado mediante un mecanismo democrático que aliente y facilite la participación eficaz de los ciudadanos en las decisiones públicas. Ese mecanismo puede tener formas muy diversas, que van desde la monarquía constitucional hasta el régimen estrictamente parlamentario, con muchas variantes de participación directa o indirecta. Independientemente del mecanismo de gobierno elegido por sus ciudadanos, al Estado compete la responsabilidad de edificar y sostener el bienestar y la justicia. En su función administradora del Estado, esa es la obligación primordial de todo gobierno y la razón de ser de su autoridad política.

Hay muchas formas de organizar un Estad0 –centralistas, federalistas o autonomistas–, pero sólo aceptables en tanto que éstas respeten la voluntad soberana de sus ciudadanos.  Cabe aclarar que los conceptos de Estado y de gobierno no son sinónimos ni semejantes.  El gobierno (los gobernantes), desempeña funciones al servicio de las instituciones que forman parte del Estado por un tiempo determinado.  Además, es importante diferenciar el término Estado de la idea de nación, ya que existen naciones sin Estado y Estados que aglutinan a distintas naciones: hay Estados plurinacionales (con varias nacionalidades), como China, y naciones repartidas entre varios Estados, como es el caso del pueblo alemán o del pueblo kurdo.

Según el ordoliberalismo, que promueve una Economía Social de Mercado, el Estado debe incentivar un nivel saludable de competitividad dentro de un ambiente legal y a través de medidas que adhieran a los principios del libre mercado. Esta perspectiva establece que las instituciones del Estado deben tomar una posición activa para incentivar la competencia y evitar que emerjan monopolios (u oligopolios) que destruirán no sólo las ventajas del libre mercado, sino que posiblemente también afectarán la gobernabilidad, puesto que el poder económico también puede ser utilizado para controlar el poder político.  En general, el Estado debe asumir un papel regulador de la actividad económica sin caer en un centralismo exagerado o autoritario.

En el Siglo XXI el Estado está llamado a ser promotor de los derechos, de la justicia, y de la participación, para lo cual la sociedad civil5 le atribuye poder, autoridad y autonomía suficientes, para alcanzar el logro de la plena dignidad humana. Sin embargo, estos atributos que le da la sociedad civil al Estado, solo pueden surgir de una democracia que verdaderamente esté orientada a la participación., entendida ésta como un proceso permanente de acceso del pueblo organizado a la toma de las decisiones y a la participación en las ejecuciones y la supervisión de las mismas.

Solo con el gradual perfeccionamiento de la democracia participativa, se puede alcanzar en verdadero Estado social y democrático de derecho, entendiendo como aquel que está sujeto a la ley, legítimamente establecido por el poder constituyente, que promueve y garantiza todos y cada uno de los derechos  civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la persona humana.


[1] Laski, Harold J., Grammar of Politics. London, 1925.
[2] Maritain, J. El Hombre y el Estado. Ediciones Encuentro, Madrid, 1983, p. 31.
[3] Ibid., p.27
[4] Ibid., p.26
[5] Los partidos políticos son parte de la sociedad civil, pero no están por arriba de esta, como ha estado pasando tradicionalmente en las llamadas democracias representativas.

[ Vea otra perspectiva y otras definiciones ]